
El Bloco de Esquerda (también conocido como BE) ha presentado un proyecto de ley para prohibir la venta de propiedades a ciudadanos o empresas con sede o residencia permanente en el extranjero, como forma de combatir la subida de precios en el mercado inmobiliario en Portugal. Y esto pese a las advertencias de los expertos de que éste no es el camino a seguir para Portugal. Tenemos los detalles.
El Bloque de Izquierda de Portugal ha anunciado la entrega de un proyecto de ley en el parlamento para prohibir la "venta de bienes inmuebles en territorio nacional a personas físicas o jurídicas, con residencia propia y permanente o sede en el extranjero". Según el partido, esta medida -que, en términos generales, fue adoptada recientemente en Canadá- tiene como objetivo "combatir el aumento de los precios de la vivienda".
En el texto de esta ley, BE señala, sin embargo, que esta prohibición no se aplicaría a los "ciudadanos portugueses con residencia permanente propia fuera de Portugal", ni a los solicitantes de asilo o inmigrantes con permisos de residencia permanente.
También quedarían excluidas las “transacciones inmobiliarias en territorios de baja densidad”, así como los “ciudadanos extranjeros que adquieran un inmueble, en copropiedad, con su cónyuge o con persona soltera de hecho”.
“El derecho fundamental a la vivienda aún está por cumplirse”
En la exposición de motivos del proyecto de ley, el partido liderado por Catarina Martins argumenta que, "en Portugal, el derecho fundamental a la vivienda aún no se ha cumplido".
El Bloco de Esquerda avanza estadísticas de que entre 2010 y 2022, los precios de la vivienda "aumentaron un 80% y los alquileres subieron un 28%", lo que provocó que los residentes en Portugal gastaran "un porcentaje brutal de sus ingresos en vivienda".
Si bien reconoce que la "crisis de la vivienda no es una singularidad portuguesa", el BE considera, sin embargo, que " los gobiernos portugueses no han hecho más que agravar esta tendencia, con sus políticas de privilegio y desigualdad".
Según el partido, el "proceso de aburguesamiento y apalancamiento de la vivienda motivó la movilización de ciudadanos y autoridades locales en varias ciudades europeas", lo que provocó cambios legislativos a nivel internacional.
Entre los ejemplos citados en este proyecto de ley, el BE menciona específicamente que, “en Canadá, el gobierno del Partido Liberal prohibió la venta de edificios residenciales a extranjeros, medida que ya había sido implementada en Nueva Zelanda y que recientemente también se hará realidad en el islas de Ibiza, Mallorca y Menorca".
"Los defensores de estas medidas, cuya implementación se ha visto obstaculizada por el poder de los intereses inmobiliarios, invocan el mismo argumento: la competencia del capital financiero hace que los precios de la vivienda sean inasequibles para los ciudadanos locales", dice el proyecto de ley.
Para BE, "si esta es la realidad en Canadá, Holanda, Alemania o Cataluña, más aún en Portugal, donde los salarios no compiten, ni con el poder financiero de los fondos de inversión, ni con los ingresos personales atraídos por la Golden Visa, los beneficios fiscales para residentes no habituales, o los especuladores de criptomonedas".
El partido añade además que estas experiencias internacionales demuestran que “el proceso de inflación inmobiliaria requiere medidas excepcionales, encaminadas a proteger el derecho a la vivienda”.
En este sentido, “además de la derogación de las medidas de atracción de capital extranjero en el sector inmobiliario portugués, BE propone la prohibición de la compra de inmuebles para vivienda por parte de no residentes, siempre que estén ubicados en zonas de presión urbanística, se refiere el documento.
BE argumenta que "esta medida, adoptada recientemente en diferentes versiones por los gobiernos holandés y canadiense, se justifica por el reconocimiento de la grave violación del derecho constitucional a la vivienda, en nombre de intereses económicos".