El 1 de julio de 2021 debería haber marcado el final del plan de apoyo al alquiler gestionado por el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana en Portugal (IHRU), que ayuda a los inquilinos con problemas financieros relacionados con la crisis causada por el Covid-19. Sin embargo, el 1 de julio de 2021 se confirmó una nueva prórroga del programa. Portugal ha aprobado un decreto ley que garantiza que los actuales beneficiarios de este plan de ayuda al alquiler en Portugal puedan acceder a él hasta el 1 de octubre de 2021.
La decisión se tomó después de que el Gobierno portugués "verificara la necesidad de mantener un conjunto de medidas que tengan como objetivo, en el corto plazo, salvaguardar el derecho a la vivienda", egún un comunicado publicado por el Parlamento.
Además de prorrogar el régimen de ayudas al alquiler durante 3 meses más, "también se han introducido modificaciones en este régimen excepcional y temporal para garantizar que los beneficiarios no se vean afectados por las consecuencias derivadas del retraso o el incumplimiento del contrato entre el momento de la presentación de la solicitud de ayuda y la decisión final del IHRU", señala el documento. Esta enmienda es especialmente importante si se tienen en cuenta los retrasos en la respuesta de la IHRU a pesar de los breves plazos establecidos por la ley.
Con el fin de proteger a los inquilinos, no solo en lo que respecta al pago del alquiler en Portugal, sino también a otros servicios, "se ha ampliado también la prohibición de la suspensión del suministro de los servicios esenciales de agua, electricidad, gas natural y comunicaciones electrónicas", continúa el texto.
Cabe señalar que desde abril de 2020, cuando se introdujo por primera vez la medida durante la crisis del coronavirus, hasta principios de junio,
en abril de 2020 hasta principios de junio, el IHRU ha recibido un total de 3.309 solicitudes de ayuda al alquiler de 2.553 hogares. Sin embargo, hasta ahora sólo se han aprobado pagos en 769 casos. Entre los principales motivos de rechazo de las solicitudes están las discrepancias en los contratos de arrendamiento, la prueba de la pérdida de ingresos (al menos el 20%) y la declaración jurada, según una fuente del Ministerio de Infraestructuras y Vivienda. En total, la IHRU ya ha asignado 2 millones de euros de ayuda en el marco del programa.