La crisis de vivienda en Portugal ha llevado a familias a ocupar viviendas sociales ilegalmente. Esta realidad es especialmente visible en el municipio de Lisboa, donde se han registrado 721 casos de ocupación ilegal de viviendas públicas. Sin embargo, en el resto del país, la situación es muy distinta.
La empresa municipal Gebalis ha registrado 721 casos de ocupación ilegal de viviendas en Lisboa hasta la fecha. De estos, ya se ha presentado la documentación necesaria en 586 casos. Además, hay 76 casos que podrían regularizarse en virtud de la Resolución 855/2022 del Ayuntamiento de Lisboa, según Público.
La situación de la ocupación ilegal de viviendas sociales en la capital es notablemente diferente a la de otros municipios del Área Metropolitana de Lisboa. Por ejemplo, a finales de 2024 se registraron 32 casos de ocupación ilegal en Almada. Sin embargo, en Amadora, Cascais, Oeiras, Seixal y Setúbal se registraron diez o menos ocupaciones ilegales de viviendas sociales en 2024 o en años anteriores.
En Oporto, el número de ocupaciones ilegales de viviendas sociales se describe como "casi insignificante", según el mismo periódico. En Faro, solo se registró un caso, que actualmente se encuentra en proceso de desalojo.
Estos casos de ocupación ilegal de viviendas sociales suelen ocurrir cuando familiares continúan viviendo en la propiedad tras el fallecimiento del inquilino legal o cuando este abandona la vivienda. También se dan casos de ocupación mediante allanamiento o forzamiento, aunque son menos frecuentes.
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